En un operativo policial de gran repercusión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado este martes al presidente de la Diputación de Almería y líder del Partido Popular provincial, Javier Aureliano García, junto con el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también del PP. Las detenciones se han producido en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia, lo que ha desencadenado un gran impacto político y social en Almería. Este artículo detalla los hechos, el desarrollo de la investigación, así como las reacciones oficiales y consecuencias previstas.
Claves esenciales de la operación destacada en la Diputación de Almería
- Qué ha pasado: Arresto por la UCO del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, además del alcalde de Fines.
- Dónde: Almería, en diversos domicilios particulares y sedes institucionales.
- Cuándo: Operativo realizado desde primeras horas del martes 18 de noviembre de 2025.
- Quiénes están implicados: Javier Aureliano García (presidente de la Diputación y líder del PP provincial), Fernando Giménez (vicepresidente), Rodrigo Sánchez (alcalde de Fines) y cuatro personas más, entre ellas un técnico de Obras Públicas y el hijo del alcalde de Fines.
- Motivo: Investigación por presuntas contrataciones irregulares en la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.
Detalles de la investigación policial y operativo de la UCO en Almería
La investigación tiene origen en 2021 y examina la adjudicación sospechosa de un contrato de más de 2 millones de euros para la compra de mascarillas y material sanitario, que no se ajustó al precio efectivo abonado al proveedor (menos de un millón), lo que indicaría posibles irregularidades y cobro de comisiones ilegales.
Este procedimiento urgente lanzado por la Diputación almeriense en abril de 2020 está siendo inspeccionado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que ha ordenado la detención de siete personas y diez registros domiciliarios y en oficinas públicas, operativos coordinados por la UCO.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las personas arrestadas incluyen altos cargos políticos y técnicos, con la intención de esclarecer responsabilidades en delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude. La investigación sigue abierta y podría ampliarse a otras licitaciones de la Diputación, aumentando así su alcance.
- Detenidos: presidente y vicepresidente de la Diputación, alcalde de Fines, técnico de Obras Públicas, hijo del alcalde, entre otros.
- Registros: realizados en domicilios particulares y en la sede de la Diputación de Almería.
- Contratos bajo escrutinio: compra de material sanitario durante la pandemia COVID-19.
- Investigación judicial: caso conocido como ‘Mascarillas’, con indicios de mordidas.
Contexto político y antecedentes del caso ‘Mascarillas’ en Almería
El caso ‘Mascarillas’ se centra en una supuesta compra fraudulenta realizada durante la crisis sanitaria del COVID-19. La Diputación de Almería firmó un contrato de urgencia valorado en algo más de 2 millones de euros para adquirir material sanitario, pero el contrato real y efectivo se cifró en menos de la mitad, lo que plantea dudas sobre la gestión y responsabilidades.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido activo en el seguimiento de esta investigación, solicitando la comparecencia del presidente de la Diputación para esclarecer discrepancias entre declaraciones de testigos e investigados, basándose en nuevas evidencias aportadas por la UCO.
Entre las peticiones socialistas destaca la solicitud del desglose de asesores y relaciones directas con miembros investigados, especialmente centrado en las áreas dirigidas por Fernando Giménez y Óscar Liria, este último también bajo lupa judicial.
- Solicitudes formales del PSOE para comparecencias y transparencia.
- Examen de comunicaciones internas, como el grupo de mensajería ‘Naranjito’.
- Investigación sobre la posible implicación directa del presidente en las adjudicaciones dudosas.
- Aplicación de leyes contra la prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Mensajes y pruebas que complican la posición del líder del PP provincial en Almería
En el foco de la investigación están también las conversaciones mantenidas entre Javier Aureliano García, Óscar Liria y Fernando Giménez dentro de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’. Fragmentos de estos diálogos, recogidos en informes oficiales, evidencian un conocimiento directo y con cierta preocupación sobre la gestión de las mascarillas, con textos donde se insta a guardar silencio y minimizar la repercusión.
Estos mensajes, requeridos como prueba por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el PSOE, pueden establecer vínculos directos sobre la posible implicación de los detenidos en la gestión irregular de contratos y en la distribución de comisiones ilegales.
El conjunto de pruebas acumuladas permitirá al juzgado determinar la responsabilidad penal de cada implicado y decidir las medidas cautelares oportunas, pudiendo dar paso a un proceso judicial de gran relevancia en la provincia de Almería.
- Comunicación directa entre presidente y personal investigado.
- Mensajes que reflejan conocimiento y posible coordinación para ocultar irregularidades.
- Uso del grupo ‘Naranjito’ como canal principal de diálogo.
- Implicaciones directas en delitos contra la administración pública.
Reacciones políticas y consecuencias para la Diputación de Almería
El arresto del presidente y vicepresidente de la Diputación, máximos representantes del PP provincial, ha provocado un auténtico terremoto político en Almería. La organización deberá afrontar una vacante en su liderazgo gubernamental y responder a la creciente presión social y política para esclarecer los hechos investigados.
En las horas posteriores, el Partido Popular ha expresado su respeto a las autoridades judiciales aunque defendiendo la presunción de inocencia de los detenidos. La ausencia de un comunicado oficial inmediato refleja la delicadeza del asunto y la expectativa por el desarrollo judicial.
Por otra parte, fuentes judiciales adelantan que la investigación podría extenderse a más contratos provinciales y funcionarios, ampliando la gravedad del caso. En este contexto, la Diputación se enfrenta a la necesidad urgente de adoptar medidas administrativas y mantener la transparencia para recuperar la confianza ciudadana.
- Vacancia temporal en el máximo órgano de gobierno provincial.
- Presión social y política para esclarecer responsabilidades.
- Posible ampliación del caso a otros contratos públicos.
- Declaraciones oficiales pendientes y respeto a la presunción de inocencia.
Periodista independiente con 15 años de experiencia en temas sociales y culturales. Apasionado por contar historias que generan impacto en la sociedad. Constantemente en la búsqueda de nuevas voces y perspectivas para enriquecer el debate público.
